Recibimos y compartimos esta información sobre los nuevos episodios represivos y de brutalidad por parte de las fuerzas policiales y militares del Estado mejicano contra los pueblos indígenas, con la ejecución «extraoficial» reciente de varies pobladores.
Aun sin compartir del todo las líneas elegidas por estas organizaciones, nos parece importante dar difusión a estos hechos, independientemente de lo que luego podamos criticar de algunas de sus estrategias o caminos.
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A dos años de la Asamblea Constituyente del Concejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena (CNI), que se conformó los días 26, 27 y 28 de mayo del 2017, las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensifican como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio. En el epicentro de los hostigamientos y de la criminalización se encuentran las defensoras quienes son cuidadoras de sus milenarias culturas y de la Madre Tierra.
Una mirada a las resistencias en México nos ejemplifica las constantes violaciones a derechos humanos a pueblos que se oponen al despojo y defienden su derecho a la autonomía. Dos geografías: en Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena del pueblo Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado.(1) En Oaxaca, el Comité en Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) es constantemente perseguido: cuatro de sus integrantes fueron detenidos arbitrariamente este año y el 19 de abril, un ataque armado en contra de CODEDI dejó 5 personas heridas en Huatulco. Front Line Defender en su campaña por proteger a personas defensoras explica que «CODEDI ha trabajado por más de 20 años en la promoción y protección de los derechos humanos de 50 comunidades indígenas en diferentes regiones en el estado de Oaxaca.» (2)
Desde diciembre del 2018, el CNI ha denunciado despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones; destacan además los ataques a medios comunitarios que ejercen el derecho a la libre expresión en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
De acuerdo a información publicada en el portal del CNI: el 18 de mayo de 2019, personas que portaba armas largas ingresaron al domicilio de Salvador Sánchez Bolaños, comunicador de Radio Tlacuche, quien ha recibido amenazas de muerte relacionadas con su labor de denuncia del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzala, de Minera Autlán, en San Pablo Zoquitlán.(3) Salvador y su familia se desplazaron forzadamente de su comunidad.
En este contexto, al menos seis defensores del territorio integrantes de Pueblos Originarios que se articulan en el CNI han sido asesinados en México en lo que va del 2019:
Samir Flores Soberanes, opositor al Proyecto Integral Morelos, fundador del Frente de Pueblos Morelos, Puebla, Tlaxcala y de la Radio comunitaria Almitzingo, fue ejecutado el 20 de febrero, en Almicingo, Morelos.
Julián Cortés Flores, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, fue ejecutado el 12 de abril, en San Luis Acatlán, Guerrero.
José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ambos promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, fueron ejecutados el 4 de mayo, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.
Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, indígenas nahuas y promotores locales del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata CIPOG-EZ, fueron ejecutados el 23 de mayo de 2019, en Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Esta lógica de guerra en contra de los pueblos que construyen autonomía, se reproduce en el incremento de la militarización a territorios zapatistas, especialmente las incursiones, los sobrevuelos y el espionaje del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas). (4) Cerco que se profundiza con la presencia de la Guardia Nacional en la región, lo cual aumenta los riesgos a la integridad y seguridad de la población.(5)
La militarización se impone en las calles de nuestras ciudades y comunidades con el discurso de «combate a la delincuencia» pero se aplica como acto de intimidación y represión a las resistencias autónomas. La misma pero renovada estrategia contrainsurgente que en Chiapas ha significado crímenes de lesa humanidad como masacres y ejecuciones extrajudiciales, además de desplazamientos forzados desde 1994. (6)
Por lo anterior, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas exige al Estado mexicano: Cese las agresiones a pueblos, comunidades y organizaciones que integran el Congreso Nacional Indígena; justicia para los defensores y comunicadores asesinados en el país; y alto a la militarización en Chiapas y México.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
A 27 de mayo del 2019
Boletín 09
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Denuncia del CNI-CIG Chiapas por riesgo de despojo a San José El Bascán. 6 de mayo de 2019.
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Denuncia por amenazas a Salvador Sánchez Bolaños, opositor al proyecto hidroeléctrico Coyolapa Atzala,Puebla. 20 de mayo de 2019.
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Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Estado mexicano incrementa militarización en territorios zapatistas. 2 de mayo de 2018.
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Zósimo Camacho. Contralínea. La Guardia Nacional y los territorios zapatistas. 26 de mayo de 2019.
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Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Estado mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad. 3 de mayo de 2017.