Recibo en el correo un e-mail con un archivo que contenía el siguiente texto junto a una serie de fotos de una pequeña acción de propaganda realizada en las calles para denunciar el verdadero carácter represivo de esta nueva espada de Dámocles que pende sobre nuestras cabezas, una ley totalitaria maquillada bajo el populista nombre de «Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana». Así la llaman, cínicamente, aquellos que atentan diariamente contra la seguridad y derechos fundamentales del pueblo, al desahuciarle de sus casas para complacer a estafadores bancarios, al abir cabezas y reventar globos oculares en sus cargas policiales, cuando asesinan a personas bajo custodia y torturan en las cárceles, cuando preparan montajes para encarcelar a quien pone en evidencia las contradicciones de su sociedad y su sistema y, en definitiva, cuando actúan en defensa de las oligarquías capitalistas. No es nuestra seguridad lo que defienden (ni falta que hace, la seguridad entre iguales nace de unx mismx y germina en colectivo), sino la de su propiedad privada, la de sus estructuras de explotación, y la de todo aquello que les permite mantener su posición arruinando al mundo entero, frente a una respuesta que se organiza en el margen y que pone en peligro la frágil estabilidad de su status-quo…
¡A sus mordazas nuestros mordiscos!
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EL PUEBLO NO TOLERA MORDAZAS, LAS CALLES LO DEMUESTRAN
Comunicado sobre la mal llamada “Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana”
Sabido es por casi cualquier habitante del territorio bajo el yugo del Estado español que otro alarde más de actitud social dictatorial se ha tornado en la aprobación de una ley que, a buen criterio, no tardó en ser conocida, desde el anteproyecto, como “Ley Mordaza”. Varias han sido las leyes o propuestas de ley que, con anterioridad a la que nos concierne, se ganaron dicho sobrenombre en lugares como Puerto Rico (1958), Argentina (2009) o Italia (2008) y todas ellas se lo merecieron con creces. Eran documentos que castigaban acciones contra el gobierno, controlaban las licencias radiotelevisivas o promovían las escuchas telefónicas a la población. En nuestro caso, desde el día 11 de Julio del 2014, se encuentra aprobado por el consejo de ministros un proyecto de ley para la sustitución de la hasta ahora vigente desde 1992 en relación con el uso de la violencia y represión estatal en forma de códigos de actuación policial y administrativa en la regulación de sanciones y delitos. Todo ello bajo un título oficial por el que ha de suponerse que el motivo de todo esto es la seguridad “ciudadana”, como tanto les gusta decir, o, simplemente, de todas nosotras.
El 27 de Mayo del 2014, el gobierno difundió que se habían hecho modificaciones sobre el anteproyecto de noviembre del 2013, atendiendo a las críticas que llegaron desde el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Ambas entidades, a parte de un amplio abanico de plataformas por parte de la población, avisaron de la inconstitucionalidad de algunas partes, sin olvidar que el adjetivo “inconstitucional” hace alusión a un texto legislativo heredero del régimen franquista y una transición que no lo fue tanto, como bien hemos experimentado las generaciones que nos hemos criado desde los años 80. Sin duda una prueba palpable de que nos enfrentamos a una ley que no hay por dónde cogerla, incluso estando revisada.
La “Ley Mordaza” se antoja a los ojos de cualquiera con dos dedos de frente como un paso firme para la intervención estatal represiva en las acciones de protesta de la población, a la que se sacude y pisotea constantemente desde el altar en el que no pocos políticos se creen subidos desde que desempeñan por desgracia común sus cargos. En lo últimos años, ha habido un auge de las protestas en la calle, a la par que el enfado colectivo y la desesperación, además de una renovación en los modos que han puesto en guardia a quienes temen perder el poder y buscan estar blindados constantemente.
Hay una gran gama de posibilidades de ser sancionado desde 100 € hasta los 600.000. Se perseguirán las manifestaciones en lugares considerados por las autoridades como “críticos”, las protestas no comunicadas ante las instituciones del Estado, el uso de pequeños fuegos o la obstrucción de la vía pública por parte de los manifestantes para su propia (y real) seguridad frente a las autoridades, la obstrucción de un desahucio pese al derecho constitucional a una vivienda digna, la negativa a disolver una reunión, manifestación o evento público o ser identificado por los agentes; o la falta de colaboración, forzada… Es el momento de que Pucela deje claro lo que piensa:
¡NO A LA REPRESIÓN ESTATAL!
“Sepa el pueblo, valiente marea,
que tiene el poder de los mares.
[…]
Llegará el día,
sentirán la desdicha en sus carnes.
Olvidaron que hay un pueblo
consciente de sus males.”
