A continuación sigue una buena noticia que informa de que la última persona que se encuentra en prisión por el denominado Caso de Quai de Valmy saldrá de prisión a finales de este mes, aunque el compañero seguirá sujeto a una serie de medidas restrictivas como la obligación de comparecer ante cada citación, de informar de cualquier cambio en su domicilio o trabajo y de cualquier viaje al extranjero (la autoridad judicial de turno podría no dar permiso para tales cosas), prohibición de ir a París, y otras.
Para quien no lo recuerde, el caso de Quai de Valmy hace referencia a unos disturbios que se produjeron tras una protesta el 18 de mayo de 2016 en la calle Quay de Valmy, en París, en el marco de las protestas contra la Loi du Travail (Ley del Trabajo), la reforma laboral impulsada por Myriam El-Khomri, la miserable ex-ministra de empleo. Durante los enfrentamientos, un grupo de manifestantes atacó un vehículo policial que se había quedado atrás y que fue incendiado. Varies anarquistas fueron detenides y acusades de ser quienes se encontraban tras las capuchas negras.
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La solicitud de libertad bajo fianza concerniente a la última persona en prisión por el caso de la Quai de Valmy fue definitivamente rechazada por la Cámara de Cumplimiento de Sentencias, jurisdicción de apelaciones del Juzgado de Cumplimiento de Sentencias (JAP).
Permanecerá encerrado en la cárcel de Meaux hasta que salga con el beneficio de la reducción de sentencia; la fecha señalada es a finales de enero.
Sin embargo, estará entre las personas afectadas por el proyecto de ley redactado por Taubira [ministro de ley socialdemócrata] en 2014 (art. 71-2 del Código Penal), que permite la aplicación de un cierto número de restricciones al período de reducción de sentencias; De lo contrario, existe el riesgo de volver directamente a la cárcel. En resumen, una especie de control judicial en retrospectiva, después de que se haya cumplido una sentencia de custodia, lo que constituye una sentencia adicional bajo el pretexto de la rehabilitación.
El juez y el fiscal, indudablemente porque descubrieron que saldría (un poco) demasiado pronto para su gusto, no escatimaron nada para aplicarle casi todas las restricciones posibles en este caso:
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Prohibición de ir a París.
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Residencia obligatoria en un lugar designado.
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Obligación de pagar los daños a las partes civiles.
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Prohibición de ponerse en contacto con otres acusades y víctimas.
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Prohibición de llevar armas.
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Obligación de cumplir con todas las citaciones del juez y de un trabajador social designado.
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Obligación de ver a un trabajador social y de proporcionarle toda la información y documentos necesarios para controlar la naturaleza de su sustento y la ejecución de sus obligaciones.
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Obligación de informar al trabajador social sobre cambios de domicilio o de trabajo y de cualquier viaje que dure más de 15 días.
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Obligación de pedir autorización al juez para el cambio de domicilio o de trabajo si hay probabilidad de que el cambio obstaculice sus obligaciones.
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Obligación de informar al juez de cualquier viaje al extranjero.
Todo esto se aplica sobre el período de la reducción de sentencia, es decir, durante seis meses.
Esta es una intención obvia de hacerle pagar por completo su silencio sobre los eventos. Sin embargo, si este proyecto de ley mantiene bajo control a las personas que salen de la cárcel, no debemos olvidar que ya era normal que simplemente se suprimieran las reducciones de sentencias, especialmente para les condenades por cargos de terrorismo.
Su represión no detendrá nuestra rebelión; libertad para todes.
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Para no olvidar tan bello momento…