Recojo del blog de la publicación antidesarrollista y anarquista catalana Argelaga el siguiente texto sobre la represión que el consistorio barcelonés ahora bajo el mando de la socialdemócrata y ciudadanista Ada Colau, parte de esa izquierda que tan «revolucionaria» y «portadora del cambio» prometía ser, sigue aplicando sobre los movimientos sociales aunque eso sí, ahora de forma más «amable», camuflada bajo los modelos ciudadanistas, tomando como punto de partida para el análisis las nuevas reformas estructuras que se están aplicando sobre la ciudad y el desalojo del CSOA Transformadors por parte de los Mossos d’ Esquadra el pasado 4 de abril:

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El 4 de abril de 2016 ha tenido lugar el desalojo por la policía municipal del Centro Social Okupado y Autogestionado Transformadors, de acuerdo con la orden del ayuntamiento barcelonés hecha pública el 21 de marzo. El 1 de julio de 2015 se había actuado con más contundencia contra tres inmigrantes que okuparon un edificio abandonado de la calle Creu de Molers y fueron desalojados por policías antidisturbios. La nueva administración municipal de Barcelona mostraba que su manera de “cambiar las cosas” no difiere demasiado de la anterior en las formas, aunque no recurra gratuitamente a la brutalidad policial, pero coincide plenamente con ella en el fondo: en ambas se trata de control y pacificación del espacio urbano. Trias tuvo su piedra en el zapato con Can Vies; Colau la tendrá sin duda en Transformadors y en el Banc Expropiat de Gràcia, también amenazado de desalojo inminente. La autogestión y la participación quedan bien en los discursos, pero no desempeñaron ningún papel en la “rebelión democrática” que llevó la formación Guanyem Barcelona a dirigir el consistorio, previa alianza con los neoestalinistas de IC-V y EUiA, personal con más experiencia en la gestión tecnoburocrática de los ayuntamientos.

Dado el carácter ambiguo, interclasista y abiertamente ciudadanista del discurso del 15-M, la PAH y las asociaciones de vecinos, no cabía esperar otra cosa que una candidatura municipal. La desvinculación exhibicionista por parte de Colau de los enfrentamientos entre manifestantes de la Marcha por la Dignidad del 22 de marzo de 2014 y la policía antidisturbios, ya mostraba un pacifismo fariseo típico de todos los aspirantes a poltronas. A pesar de todo Colau decía la verdad: “lo que pasó al final no tiene nada que ver con nosotros”. Tocada con la camiseta verde de Stop Desahucios, no hacía más que teatro, como lo hace ahora con su pose solidaria con los refugiados. Actuaba. Aparte de las lógicas ambiciones políticas, los personalismos y la natural predisposición a figurar de los militantes catapultados a escena tras un largo tiempo de oscuridad, a día de hoy no podemos dudar de los propósitos de cambio del nuevo equipo. Son reformistas sinceros, no trepadores oportunistas ávidos de poder como los miembros de Podemos. Nuestros “demócratas rebeldes” sabían donde se metían cuando decidieron aprovechar el clima político de hastío creado por la acentuación de las maneras empresariales de dirigir la segunda metrópolis española. Colau entendía que la vara de alcalde vendría acompañada de barreras infranqueables, contradicciones irresolubles y componendas vergonzosas, pero estaba dispuesta a pagar el precio con tal de servir honestamente a “la ciudadanía.” Para empezar, iba a sacrificar los intereses particulares de colectivos concretos (okupas, trabajadores, desahuciados, sin papeles, etc.) en pro de un interés superior, el “interés general de Barcelona”. Pero ese interés no es más que el de la Marca Barcelona, es decir, la suma de intereses privados que se esconden tras la gestión pública del municipio, sean de tipo comercial, turístico, inmobiliario, tecnoindustrial o financiero, sin olvidar los del entramado de altos cargos de las empresas municipales. Comprendiendo su impotencia frente a la megamáquina barcelonesa, tuvo que fichar a tecnócratas del equipo de Hereu y aprovechar los proyectos inacabados de la etapa socialista (líneas 9 y 10 del Metro, reforma de la Diagonal, estación de la Sagrera del AVE, carril bicicletas, el 22@, etc.), con lo cual el “nuevo urbanismo” no se iba a distinguir demasiado del viejo.

A Colau no le quedaba prácticamente más libertad de cambio que la de cambiar de sitio el busto del rey anterior. Y hemos de reconocerle una especial habilidad en llamar la atención a través de gestos a la galería, brindis al sol y twitters, una forma muy política de ocultar la falta de resultados tangibles de su gestión que pudieran marcar una diferencia cualitativa con las administraciones anteriores. Sus oponentes de la derecha carca se lo ponen fácil usándola como blanco de su machismo. Sin embargo, no habrá convencido a nadie que se halle comprometido realmente con las luchas sociales, pero ha conseguido el beneplácito de la empobrecida clase media urbana, tan apegada a su propiedad y a su plaza de garaje, al menos tanto como lo consiguió en su día Maragall, y sin el apoyo mediático de éste. Es un mérito, pero no sólo de humo vive la política, por lo que intentaremos evaluar la actuación del colauismo en los tres asuntos más candentes de Carcelona: la cuestión social, el turismo y la circulación.

El primer fracaso importante tuvo lugar en el frente de los desahucios, la especialidad de la casa y el trampolín que permitió a Colau lanzarse a la política. A pesar de iniciar su mandato parando un desahucio, a primeros de diciembre pasado la Plataforma de Afectados por las Hipotecas emitía un duro comunicado denunciando la pasividad de la alcaldesa ante los desalojos. A pesar de las promesas y del auxilio de una ley del Parlament sobre “emergencia habitacional”, el equipo de Colau no había tocado el parqué de tres mil pisos vacíos en manos de bancos, inmobiliarias y grandes propietarios, ni mucho menos multar la expulsión de inquilinos. Después de semejante vuelta de chaqueta, ya no resulta extraño que los manteros protestaran por el acoso blando de la policía y exigieran planes de empleo para todos, otra promesa incumplida, signo inequívoco de que el equipo municipal consideraba prioritario los intereses de los “botiguers”. En cuanto al reciente conflicto del transporte público, la reducción de la temporalidad en los empleos ha sido sacrificada para mantener los altos salarios de los directivos de la EMT.

En resumen, en muy poco tiempo el empuje reformista ha sucumbido frente a unas fuerzas con mucho más poder que los hipotecados y los trabajadores, cosa que quedará corroborada con el nuevo enfoque dado a la cuestión turística. De entrada ni la candidatura de Barcelona En Comú ni la FABV eran contrarias al turismo, sino a su masificación, responsable de la degradación de la vida cotidiana en los barrios del centro y la Barceloneta. En la alcaldía están a favor del desarrollo tecnológico, de las smarts cities y de los grandes eventos como el Mobil World Congress, “un triunfo colectivo” para Colau. Es más, la alcaldesa había firmado su adhesión al acuerdo sobre el cambio climático de la cumbre de París COP21, promovida por burocracias ambientalistas, elites económicas, ecologistas tecnócratas y hombres de Estado. Con tal mar de fondo, la solución no podía ser la reducción drástica del turismo sino la descongestión de los barrios afectados, trasladando la construcción de hoteles a los barrios pobres, tal como explica un Plan Especial Urbanístico para el Alojamiento Turístico. Se quiere seguir atrayendo inversores y se acepta que millones de visitantes sean la materia prima de una industria que está cambiando la fisonomía de la ciudad tanto como lo hizo el automóvil. Y a eso vamos, a comprobar que tras la verborrea del “modelo de ciudad” y de la “movilidad sostenible”, no hay nada que vaya a cambiar una ciudad comida por la especulación, el turismo masivo y la polución del aire (responsable de 3500 muertes prematuras al año), un “laboratorio urbano” diseñado expresamente para el automóvil y los negocios.

Si las reformas urbanas intentan conciliar los intereses dominantes (los de las clases dominantes) con las tímidas demandas vecinales, sólo obtendremos cataplasmas, que lejos de erradicar el mal, solamente tratan de disimular sus excesos. Nunca se va a realizar una restricción seria de la circulación o del consumo energético, las únicas capaces de reducir la contaminación, no ya porque no se quiera contrariar al automovilista privado, votante potencial, o por que no se quiera perjudicar a la industria de la automoción, que cuenta con beligerantes representantes políticos en Convergència, Ciudadanos y el PP, o sencillamente porque no se deseen suprimir empleos de mierda, sino porque ningún cambio contempla alternativas no capitalistas en la producción, en la movilidad y en la distribución. Barcelona se ha convertido en una monstruosa fábrica a la que no hay que engrasar sus lúgubres mecanismos, sino desmontar de abajo arriba. Algo que Colau ni puede ni tiene intención de hacer.

¡ESTE AYUNTAMIENTO TAMBIÉN DESALOJA!

Argelaga, 5 de abril de 2016