A continuación sigue un texto de les compañeres de Briega con reflexiones sobre la lucha contra las fronteras y su mundo y por la solidaridad con las personas migrantes (refugiadas o no, nos da igual) con una perspectiva internacionalista y revolucionaria, analizando el problema desde la mirada santanderina.

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Desde hace años podemos encontrar algunas noticias que señalan el puerto de Santander como un nuevo foco de inmigración ilegal. Otro punto de la frontera europea donde las personas que vienen desde fuera de sus márgenes intentan cruzar a, en este caso Reino Unido, saltándose los controles y la legalidad

Desde el tratado de Shengen en 1985 se suprimen los controles fronterizos dentro del territorio europeo (sin contar Reino Unido), cara de una moneda que precede a otra caracterizada por reforzar los controles fronterizos y la gestión estricta de la inmigración en las fronteras exteriores de la actual Europa-cárcel. Es el paso desde Francia o España a Inglaterra, por ello, uno de los puntos donde las personas migrantes se ven obligadas a romper la legalidad, y donde la supuesta lucha contra la inmigración irregular se pone en juego, dando pie a la industria del control migratorio.

Sin embargo, la situación en estos momentos se intensifica. Bilbao y Santander son señalados estos días como “nuevos posibles Calais” por todas las personas que se cuelan dentro de los camiones que van en los barcos con destino a Inglaterra. Parece ser que sólo el 20% de las personas que intentan colarse en los ferris y barcos en la costa cantábrica del estado español, lo hacen fuera de Cantabria y Euskadi.

Los sensores de C02 permiten a las fuerzas represivas detectar presencia humana dentro del cargamento almacenado en los camiones. Aún así, personas de distintos orígenes, a pesar de que el punto de mira está ahora en la población albanesa, saltan las vallas del puerto desde hace años e intentan hacerse un hueco en un mundo donde la movilidad vale dinero y está a precio de turista.

En concreto, en Santander la BRIC, la brigada de respuesta a la inmigración clandestina ha reforzado la seguridad en el puerto durante dos meses, coincidiendo con la apertura de una línea del ferri que va de Santander a Cork y que según  fuentes oficiales se está aprovechando por parte de las mafias ilegales para colar a personas dentro y lucrarse por ello. BRIC nace dos años después de la creación de FRONTEX, en 2006, para llevar una labor itinerante de refuerzo del control fronterizo allá donde haga falta. Como la migración no se puede frenar, sino únicamente dispersar, cerrando y abriendo nuevos puntos, Bilbao y Santander son destino actual suyo.

Desde que la BRIC ha llegado ya se han dado detenciones acompañadas de titulares. Labor principal de declaración de intenciones a las personas migrantes. “Santander no es la salida”, pero también a la ciudadanía. “Tenemos todo controlado”. Sin embargo hay antecedentes en las operaciones policiales llevadas a cabo contra la inmigración ilegal en Santander en los últimos meses. En la calle Liébana en marzo de 2018, y en enero bajo una operación contra una organización que intentaba pasar personas del Kurdistán iraki. Incluso ya desde 2014 las comisiones obreras de la policía portuaria de Santander se quejaban de las 300 personas albanesas interceptadas en el octubre de ese año en las inmediaciones del puerto.

El papel mediático de la prensa y la escusa de la inmigración ilegal

De derecha a izquierda, los distintos artículos periodísticos coinciden en un punto clave. Toda esta llegada tan “preocupante” de población albanesa se achaca unicamente a la existencia de organizaciones mafiosas que pretenden hacer negocio del tráfico de personas. Las mafias según esta perspectiva son una problemática que surge de la nada, de forma natural y espontánea si no se interviene estatalmente, y es por ello que el refuerzo policial puede frenar, mediante detenciones amplificadas por la prensa, deportaciones y redadas. Pero hay muchas razones para pensar que esto no sucede así.

Precisamente, podemos comprobar que es cuando más se cierran las fronteras y más se establecen dispositivos de control fronterizo, más prolifera el tráfico de personas. También podemos comprobar que la inmigración ilegal no se reduce, sino que los flujos migratorios cambian, generalmente en condiciones más peligrosas para quienes se ven obligados a cruzar las fronteras.

Como Claire Rodier, cofundadora de la red europea Migreurop, nos recuerda, la industria de la inmigración se compone de un negocio de la seguridad estrechamente relacionado con el de la guerra, en donde las empresas encargadas de reforzar las fronteras coinciden en ser también las pioneras en la industria armamentística. El tratado de Schengen, por ejemplo, dio lugar a que empresas como Indra extendieran sus nichos de mercado en las fronteras marítimas de Estonia y Letonia, o en las costas de Rumanía en el Mar negro. EADS también ofreció su material al país vecino Bulgaria, puesto que para entrar en el espacio Schengen se requiere unos requisitos de infraestructuras tecnológicas fronterizas mínimos.

Por ejemplo, en Grecia la población migrante era fundamentalmente albanesa, afgana e iraki. Pero entre 2005 y 2009 comenzaron a venir más magrebíes y subsaharianos. Esto tuvo que ver, no porque a una mafia ilegal le diese por mudarse así porque sí, sino porque el refuerzo en otros puntos del mediterráneo como Ceuta y Melilla, y también el canal de Sicilia, desde Túnez y Libia hasta Italia y Malta se hizo notar a través de la securitización.

Asuntos que pueden tener que ver también en el por qué de una población aumente en su llegada a los puertos de Santander y de Bilbao. Un desalojo en Calais tiene consecuencias en otros puntos de la Unión Europea. Los flujos migratorios son imparables pero dirigibles hasta cierto punto, y susceptibles de rentabilizar en el trayecto. Se refuerzan unos puntos, se hace noticia y alarde de ellos apelando a las estadísticas de descenso del flujo migratorio, sin apuntar en que al mismo tiempo esos datos de descenso aumentan en otros territorios. La ciudadanía obtiene su garantía de protección y seguridad estatal, a cambio de que el negocio de las fronteras prospere. Permanecen las mafias, no cesa la migración, tampoco las detenciones, ni los artículos alarmistas y sensacionalistas que hablan de “avalancha”, “frenar”, “asalto”, “oleada”. Racismo que se asemeja a las declaraciones policiales que estos días reducen a la población albanesa al simplismo de víctimas completas de organizaciones ilegales (kurdas, rumanas, afganas, albanesas).

Entre 1996 y 1999, centenares de miles de albaneses fueron expulsados por las fuerzas serbias y los bombardeos intensivos llevados a cabo por la OTAN entre marzo y junio de ese último año, llevaron a su vez a miles de personas al exilio. Ejemplo puntual de tantos que podríamos señalar para no reducir los movimientos de población albanesa a meros títeres de organizaciones criminales, tan necesarias para que FRONTEX siga prosperando económicamente desde su nacimiento, y para que BRIC (la brigada de respuesta a la inmigración clandestina) se saque la foto en la capital cántabra.

La victimización de quienes tienen el control de la situación. Britany ferris y compañía.

Más de 3000 polizontes encontrados dentro de barcos rumbo a las islas británicas en el último año en la cornisa cantábrica dan lugar a que lo más relevante del asunto sea que la compañía Britany Ferries pierde dinero por cada sanción que el gobierno británico pone por polizonte que la policía encuentra en su camino. Unos 4000 euros.

Dicha empresa ya amenazó con irse de Bilbao y aumentar su presencia en Santander si no se tomaban medidas contra las personas refugiadas en la capital vizcaína. De ahí el muro antirefugiados levantado en Santurtxi, que se suma a los más de 18.000 km de muros antimigración que hay levantados por el planeta desde la caída del muro de Berlín. Pobre negocio empresarial que ve amenazado su emporio de viajes turísticos, acaba de encargar dos nuevos ferries, de los cuáles uno estará en funcionamiento en las vacaciones de 2021 dentro de las rutas a Reino Unido.

De nuevo el recurso tradicional de vincular migración con derroche de dinero y gasto público/privado que perjudica al resto de ciudadanos se pone en alza para justificar el refuerzo del puerto de Santander. Información que contrasta con un listado de demandas y ofertas; profesionales de la seguridad, gestores de centros de inmigrantes, guardas, escoltas, empresas privadas de logística, empresas privadas de seguridad, recuperación de dispositivos tecnológicos del ámbito militar para el civil y sanciones y multas para quienes intentan pasar la frontera, así como para quienes deciden ayudar por voluntad propia a estas personas.

Una breve mirada a Calais

A poco que se conozca lo que ha supuesto la llamada “jungla” de Calais, resulta difícil llegarse a tomar en serio los titulares de “Santander, Bilbao, un nuevo Calais”. Parece ser la retórica usada en Ceuta y Melilla con las alarmas de millones de ilegales asaltando las vallas, cuando el estudio de la política migratoria nos lleva a entender que el acceso o la denegación responde más a una necesidad del mercado laboral y su mano de obra correspondiente, que a otras razones despertadas al clamor del sensacionalismo televisivo.No obstante, si fuese cierto que Santander puede ser “un nuevo Calais” habrá que tener en cuenta las consecuencias que esto puede traer a través de ver qué es lo que pasó allí.

Tras el acuerdo Sangatte en 1991, que transferían los controles de entrada al país británico al lado francés de la mancha, se intensificaron las redadas y los controles policiales. Las empresas de transporte por carretera a partir de 1999 se enfrentaban a multas de casi 2000 libras por persona descubierta en un vehículo. Como la policía de fronteras estaba muy activa, se inaugura un centro de retención administrativa y comienza la construcción de muros de hormigón, vallas, cámaras de videovigilancia…Entre 1998 y 1999, la población albana ya estuvo en el punto de mira en Calais. A su vez se crearon asociaciones caritativas y de asistencia social tras iniciativas de ocupación por parte de personas migrantes para sobrevivir bajo techo en vez de vagabundear por la zona. Desde entonces, las ocupaciones proliferaban, ya que mucha gente dormía en la terminal del puerto y hubo una expulsión. Manifestaciones, acciones y ocupaciones dieron lugar a que la administración se viera obligada a habilitar centros gestionados por la Cruz Roja en ambientes semi-carcelarios. Sin embargo, esto no impidió que las ocupaciones cesaran.

Tras los acuerdos de Touquet en 2003, Reino Unido contribuyó a securitizar el puerto de Calais y el Eurotunel, convirtiendo a Francia en su primo matón. De tal manera, los acuerdos de Dublin, algunos estados desarrollados de esta Europa civilizada pasaban a delegar parte de sus funciones de control de la inmigración a España, Italia y Grecia.

Todos estos años transcurrieron entre un aumento de la represión policial, destruyendo minicampamentos levantados en cualquier lugar, cabañas y chabolas en los bosques de las afueras, y usando gases lacrimógenos sin ningún pudor. Antes de la creación de la “Jungla de Calais” hubo otros desalojos masivos e importantes en la ciudad. A la par que el ayuntamiento de declaraba la batalla a las ocupaciones de edificios abandonados, y la policía se ensañaba con la gente, nacía un grupo fascista llamado “Salvemos Calais” que además de organizar campañas orientadas a cerrar las fronteras, cometío agresiones a personas refugiadas y a activistas solidarias con ellas.

Una breve mirada a Bilbao:

El pasado 2 de marzo de 2018 se desaloja un campamento cercano al puerto de Bilbao con medio centenar de personas. Una de ellas fue encerrada en el CIES de Aluche, barrio madrileño. Proliferan los pequeños asentamientos de personas migrantes en la capital vizcaína. El puerto de Bilbao asiste a un proceso de blindaje paulatino en la última época. Un ejemplo de ello es la contratación de seguridad privada en el parque de remolques no acompañados de la terminal de Brittany Ferries, y la renovación de videocámaras y sistemas detectores de movimiento. Sin embargo, al mismo tiempo, el responsable de Britany Ferries deja claro que esto no se trata de un desastre humanitario, puesto que las personas no huyen de la guerra sino que se trata de un asunto únicamente de organización mafiosa. Al mismo tiempo se lamenta por las pérdidas económicas.

Así como cualquier persona árabe tiene sobre sus espaldas el fantasma del terrorismo cada vez que viaja, las personas de origen albanés se enfrentan al del narcotráfico. La identificación entre migración y criminalidad es una herramienta política que deja en segundo plano otras causas reales que llevan a un montón de migrantes a callejear por las calles cercanas a puertos como el de Santurtxi. Albania está considerada una de los puntos europeos clave del narcotráfico organizado. Es sabido que estas organizaciones que operan en la ilegalidad tienen grandes conexiones con agentes de policía , pero los titulares resaltan las detenciones en el puerto de Bilbao como muestras de la labor policial y fronteriza que se lleva a cabo y para mostrarse como la forma legítima de poner límite a un proceso que parece desbordar, por ejemplo el ayuntamiento de zierbena según sus autoridades.

Gracias a un artículo del periódico El Salto llamado “La frontera Norte:Las otras redes del puerto de Bilbao”, podemos llegar a saber quienes no vivimos en esta ciudad, que los migrantes, albaneses o no, tienen otra versión que contar respecto a la de las distintas policías fronterizas, la guardia civil, la prensa mayoritaria y las autoridades portuarias. Las mafias no son la única realidad allí, y sus familias en Reino Unido así pueden decirlo.

Al llegar a Reino Unido, la rentabilización continúa.

La actual dinámica estatal de delegar en empresas privadas las labores de gestión migratoria, y la apertura a inversiones privadas de divisiones enteras del sector público, es muy cotidiano en el Reino Unido. Muchos centros para inmigrantes y demandantes de asilo son gestionados por Group 4 securicor (G4S), una de las multinacionales líderes en externalización de servicios y seguridad privada y con fuerte actividad también en Irlanda. Esto posibilita una disolución de las responsabilidades públicas e institucionales respecto a los sucesos que puedan darse. Uno de estos sucesos se dio con la sociedad Serco en el centro de detención de inmigrantes de Yarl s Wood al este de Inglaterra. Empleaban a los detenidos en espera de expulsión para limpiar los locales tras las comidas y para servir en el comedor a cambio de salarios por debajo del mínimo. Ante esto, la responsable institucional del asunto, la Agencia Británica de Fronteras alegó el carácter “voluntario” de este ejemplo de esclavitud moderna y la no legislación que obligue a que estos trabajos tengan que cumplir el salario mínimo. Así sucede con otras empresas encargadas de gestionar centros para inmigrantes, donde el carácter ilegal se aprovecha y rentabiliza para aportar mano de obra barata y semiesclava a costa de no tener papeles. El negocio carcelario y fronterizo tiene uno de sus puntos en común en la telefonía móvil aportada por Global Comms Consulting. Un teléfono de carácter penitenciario que tanto en algunos centros de inmigración, como en prisiones británicas, son adquiridos por las personas recluídas después de que los suyos propios sean requisados, de tal manera que todas sus llamadas son vigiladas, y tienen que ser recargados con tarjetas de prepago más caras de lo normal.

No es ningún drama para Reino Unido el que existan personas sin papeles colándose en sus fronteras. El número dependerá más o menos de cuánta mano de obra barata y servil se necesite en cada momento. Una parte de la economía británica se mueve en estos ámbitos de la gestión migratoria, en donde la legalidad no excluye la práctica extorsionadora y mafiosa. El drama de personas arriesgando sus vidas por llegar a donde quieren por cuenta propia o pagando millonadas a otras personas que se lucran de ellos, se rentabiliza en la economía sumergida y en la maquinaria de la política migratoria europea.

Aquí y ahora, en Santander:

La perspectiva a la que queremos contribuir es contraria a este análisis periodístico que separa el problema entre legalidad e ilegalidad, estado y mafia, inmigración ilegal y control fronterizo. El apunte necesario es señalar que son las mafias ilegales y las instituciones fronterizas las que contribuyen al tráfico de personas y la detención de personas no deseables como forma de rentabilizar la migración forzosa y la pobreza bajo el paraguas de la lucha contra la inmigración ilegal, que no es más que el baremo que, en este caso, los estados europeos ponen para designar quienes pueden moverse con libertad y quienes no. Tampoco hay que olvidar que la inmigración ilegal es mucho menor en la Unión Europea de lo que la industria mediática difunde, y que los procesos migratorios más fuertes se están dando dentro de países no occidentales donde los estados europeos están financiando sus fronteras a través de la externalización que les permite lavarse las manos en cuanto a las denuncias de violación de los derechos humanos, a la vez que mantener el control con el mando a distancia.

Las redes de solidaridad que encontramos en la ciudad de Bilbao, son tarea pendiente aquí. A raíz de las protestas en el puerto de esta localidad vasca por los barcos cargados de armamento a Yemen, se ha despertado cierta inquietud dentro de los movimientos sociales en Cantabria respecto a la misma problemática en el puerto de Santander. De ahí la importancia de que la lucha social se contagie también aquí respecto a la defensa de la libertad de movimiento y las prácticas contra las fronteras. Este artículo no tiene más sentido que contribuir a ese objetivo.